Fatima, Wilder y Romy

El 24M no sólo significó un cambio hacia la izquierda en los ayuntamientos y el acceso al poder de clases populares. También se cumplía un sueño por lo que mucha gente viene luchando de forma silenciosa y silenciada. El 13 de junio, personas de origen extranjero firmaban el acta de concejal en diferentes consistorios de la península.  En Madrid, Romy Arce, peruana del barrio de Vallecas tomaba posesión de su cargo como parte de la candidatura de Ahora Madrid. En Badalona, ciudad conocida por haber sido gobernada por un racista e islamófobo como Xavier García Albiol, asumía Fátima Taleb, luciendo su velo como cada día. Fátima, mediadora intercultural de 39 años y de origen marroquí, con amplia experiencia en el mundo asociativo y un gran temple de liderazgo, se convertía en concejala. En Salt, la ciudad con mayor diversidad cultural y con casi un 40% de población extranjera, se sentaba en el pleno Wilder Palacio, colombiano de 27 años, militante del 15M, de la PAH y contagiado por el ecosocialismo de Iniciativa per Catalunya Verds (ICV).

Entre este furor de nuevos aires de cambios, ¿Tiene algún significado especial que haya una persona migrante procedente de un país denominado “extracomunitario” sentada en un pleno? La respuesta es sí, y mucho.

España lleva más de 30 años de inmigración. Y aunque con la crisis el saldo migratorio es negativo (se va más gente de la que entra), aún quedan muchos deberes pendientes en materia de inmigración. Uno de ellos es la participación política. Aunque en estas elecciones algunas personas migradas pudieron estrenarse en varios consistorios de España, su presencia en las instituciones es casi testimonial. En Catalunya, de 9.137 ediles elegidos este 24M, solo 6 son personas de origen extranjero que han migrado durante su juventud y representarían a más de un millón de habitantes. Es decir, la población extranjera aún sigue estando Infra-representada y apenas tiene acceso a espacios de visibilización y de poder. Esto sucede no sólo en las instituciones, sino también en los medios de prensa masivos, en altos cargos de empresas, en las universidades y en la administración pública en general. Repasemos un poco el por qué.

Las migraciones a Europa de finales del Siglo XX han sido concebidas desde un punto de vista instrumental y fundamentalmente masculina, en una Europa en crecimiento que necesitaba mano de obra. La extranjería en su conjunto ha sido diseñada para proveer mano de obra barata y flexible, de usar y descartar cuando ya no se necesite. Y qué mejor que contar para eso con personas extranjeras: aquellas excluidas de los derechos de ciudadanía. Una línea divisoria trazada por el poder económico-institucional divide la sociedad entre “autóctonos” y “extranjeros”. El mismo poder que decide quién muere impunemente en el mar y quién muere con honores, es el que legitima el racismo institucional y el que decide también quién se sienta en un pleno y quién no. Y lo que delimita exactamente esa línea divisoria son nada menos que los derechos políticos: votar, y no nos olvidemos, ser votado. Son los derechos políticos quienes hacen que pasemos de ser sólo mano de obra utilitaria a ser un ciudadano o ciudadana con posibilidad de ser elegido para tomar decisiones desde las instituciones.

Llegar a esta emancipación política – que en otros tiempos ha sido reivindicación de la clase obrera y de las mujeres – no es nada fácil. Actualmente, para la población extranjera significa el equivalente a obtener la nacionalidad, un trámite que implica una larga trayectoria burocrática plagada de obstáculos y peripecias, que puede durar un promedio de 15 años de residencia en los mejores casos, según el colectivo. Y una vez que se tiene el derecho a votar y a ser votado, se debe luchar por la oportunidad y la integración en la vida política, que tampoco es nada fácil, por aquello que desde la academia se ha definido como “techos de cristal”.

 El 13 de junio, Fátima, Wilder, Romy y otras tantas personas de origen extranjero dispersas en no muchos municipios rompían esos techos de cristal y ocupaban espacios de representación en sus municipios. Unos espacios de dónde fueron excluidos y a dónde nunca se los esperó. Su presencia no tiene un peso cuantitativo en absoluto, pero sí un gran peso cualitativo después de tantos años de luchas, exclusión e invisibilidad.

Fátima, Wilder y Romy superaron barreras. Y ahora tienen un gran desafío. Como bien se dice, representan la diversidad y otras visiones de mundo, recordando que la inmigración ya es parte estructural de nuestra sociedad. Pero sería un error quedarnos sólo en el discurso de la representación de la diversidad, ya que representan también los intereses de toda la población, y no sólo la extranjera. En primer lugar, Fátima, Wilder y Romy nos recuerdan con su trabajo del día a día como concejales, que las personas migrantes también somos agentes de cambio y transformación social. En segundo lugar, nos recuerdan también el largo camino que han hecho para llegar hasta ahí y los deberes que España – y Europa! – aún tiene pendiente con la inmigración y la estratificación étnico-social. En tercer lugar, su presencia significa comenzar a erradicar el racismo y transformar las instituciones en espacios de respuesta y de posicionamiento frente al mismo racismo que antes no los dejaba pasar. Y por último, lo más importante, Fátima, Wilder y Romy encarnan un cambio cultural, un “cambio de chip” en la sociedad europea: las personas migrantes, aquellas personas que estábamos destinadas a la exclusión, esa mano de obra de usar y tirar, no sólo se ha quedado aquí y han traído a su familia, no sólo han formado parte del activismo y de la vida “intercultural”, sino que también toman decisiones en las instituciones. Las personas migrantes somos sujetas políticas.

El gran desafío será entonces redefinir el concepto de ciudadanía en función de la emancipación política. Es necesario transformar el concepto de ciudadanía, que de momento es excluyente, en un concepto inclusivo y romper esa situación antagónica de ciudadano-extranjero. Y para ello, es definitivamente imprescindible plantear el derecho al voto activo y pasivo en función de la residencia, y no de una nacionalidad. Los derechos políticos no tienen que ser un premio después de una larga peripecia “como extranjero”. Los derechos políticos no tienen que ser la guinda del pastel. Tienen que ser parte de los ingredientes principales con los cuales se cocina el pastel. Mientras tanto, contamos con ellos, Fátima, Wilder y Romy, y otras pocas pero valiosas personas, silenciosas y silenciadas, sentadas allí cada día, para abrir el camino hacia la plena ciudadanía.

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